Derechos ciudadanos cerca del pueblo

La mujer de 24 años de edad oculta su rostro ante las personas presentes en la sala de espera. Es de hablar pausado y, en principio, se niega a decir a qué ha acudido a la sede de la Defensoría Integral Comunitaria ubicada entre las esquinas de Garita a Pescador en Capuchinos, parroquia San Juan, en Caracas. No obstante, aclara que su caso ha sido atendido muy bien.“Vine a denunciar un hecho violento ocurrido con mi esposo. Vivo en La Vega y tengo dos niños. No puedo contar más”, suelta luego de un largo rato la joven, quien dijo llamarse Yenny Marcano.

Entre sollozos y sin observar directamente a su interlocutor, Marcano relató que de los funcionarios de la Defensoría Integral Comunitaria recibió orientación con relación a su problema: “Me remitieron a una oficina del Ministerio Público para que formule allí la denuncia”, destacó.

Las defensorías integrales comunitarias son seis en total. Están ubicadas en diferentes parroquias de la ciudad capital y su función es defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes en las comunidades, así como el de las mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores, resumió Shirley González, directora del Consejo de Protección de Libertador.

Agregó que en el lugar coexisten como un solo gobierno la Alcaldía de Caracas, la Gobernación del Distrito Capital y el Ministerio del Poder Popular para las Comunas. Subrayó que la idea de estas oficinas es acercar a los ciudadanos las instituciones encargadas de velar por los derechos ciudadanos.

Destacó que dentro de esta defensoría también se encuentra la primera oficina de atención al adolescente trabajador que se instala en todo el país, la cual atiende a todos los jóvenes que trabajan. Indicó que la idea es velar por los derechos de estos muchachos que salen a la calle a ganarse su sustento, que no deserten de las escuelas, que no sean explotados, entre otros.

En el caso específico de Yenny Marcano, a todas luces un caso de violencia de género, en la Defensoría Integral sólo se le puede brindar a la víctima asistencia y orientación, pero en otros casos la intervención puede ir más allá.

HASTA DÓNDE PUEDEN ACTUAR

“Mi esposo se ha descuidado con mis hijos. Son tres los que ahora viven conmigo. Yo trabajo en una escuela como bedel por acá mismo en Capuchinos, pero mi sueldo no me alcanza. Estoy aquí para ver si me ayudan a resolver este caso. Lo que quiero es que él (el papá de los niños) se comprometa –no conmigo, sino con ellos– ante la ley que le va a ‘pasar’ una mensualidad”, relató Martha Rivas.

En estos casos específicos, en las defensorías integrales se toma la denuncia a la madre y luego se elabora un expediente a través del cual se le hace seguimiento al caso. Más tarde se cita a ambas partes y se media para lograr un acuerdo.

En la sede de Capuchinos se atienden en promedio diario entre 20 a 30 personas. Algunas solicitan asesorías sobre la forma cómo arrendar viviendas y también cómo se deben cumplir con el cancelamiento de los cánones. Además, hasta las oficinas acuden personas con la intención de encontrar salidas a problemas de convivencia vecinal, tales como ruidos molestos, disposición de desechos, etc.

HISTORIA DE CÓMO NACIERON

El día que entró en servicio la Defensoría Integral Comunitaria en San Juan, paralelamente se pusieron en marcha otras cinco. La apertura de estos espacios se hizo posible gracias a un convenio de cooperación entre el Gobierno del Distrito Capital, la Alcaldía de Caracas y el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social. La inversión total de los tres entes fue de un millón 360 mil 576 bolívares.

“El gobierno del presidente Chávez no sólo ha favorecido los derechos de aquellos que por décadas estuvieron postergados, como los derechos de nuestros indígenas, los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, los derechos de las mujeres, adolescentes trabajadores y personas mayores, sino que también acerca los derechos a la población”.

Que la población no tenga que acudir a alguna institución para ser atendido; al contrario, la institución debe acercarse al pueblo”, recalcó el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez el 15 de noviembre cuando se abrieron las oficinas.

Por su parte, la jefa de Gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faria, señaló que la población de Caracas cuenta con 16 defensorías para el niño, niña y adolescente que próximamente pasarán a ser integrales. Agregó que los consejos comunales deben guiar a estas instituciones en la gestión.

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Ubicación de las distintas defensorías

Seis son las Defensorías Integrales Comunitarias que funcionan en la ciudad. Una de ellas en la parroquia San Juan, en el Centro Integral Comunitario entre las esquinas de Garita a Pescador.

Las restantes se ubican en:

1.- Defensoría Integral Comunitaria Paula Correa: Está ubicada en en la avenida Lecuna, frente a Parque Central, urbanismo de El Conde, en la planta baja.

2.- Defensoría Integral Comunitaria Cacica Catia: está ubicada en el Centro Comercial Propatria, nivel C-2, donde están ubicadas las demás dependencias de administración de justicia comunitarias.

3.- Defensoría Integral Comunitaria Cacica Urimare: ubicada en la parroquia El Paraíso, avenida Las Fuentes, en el urbanismo del mismo nombre en la planta baja.

4.- Defensoría Integral Comunitaria Cacica Mujica: ubicada en la parroquia El Recreo, en la avenida principal de Los Símbolos, en el urbanismo de ese mismo nombre, en la planta baja del complejo.

5.- Defensoría Integral Comunitaria Alí Primera: ubicada en la avenida principal de El Valle, en el urbanisno de la Fábrica Nacional de Cemento, planta baja.

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En urbanismos nuevos prueban con la mediación

En la planta baja de un edificio, ubicado en la terraza 11 de Ciudad Belén, en Guarenas se observa una larga fila de personas, que esperan turno para ser escuchados en el Centro de Mediación y Convivencia de la Defensoría del Pueblo (CMC).

“Estoy en este lugar para ver qué me dicen. Trabajé en una constructora durante ocho meses y el jefe no me quiere reconocer mis derechos. Ya vine una primera vez y me dijeron que iban a citar al dueño de la constructora, pero hasta ahora el hombre no se ha presentado”, señaló Luis Carlos Márquez, un joven de 18 años de edad.

Entre tanto, María Espinoza señaló sin rodeos que estaba en la oficina para denunciar a su pareja, quien “parece que se olvidó de que tiene muchachos, porque se fue y más nunca se ocupó de ellos (los niños). Algunos me han dicho que se encuentra en Petare. Yo lo que quiero es que cumpla con una mensualidad”, dijo.

La mayoría de las personas que se encuentran en la puerta de la oficina son mujeres. Todas ellas se ríen cuando se cuentan sus anécdotas.

“Aquí muchas denuncian violencia familiar. Vienen a acusar a sus maridos cuando las golpean, cosa que no me parece sensato. Muchas reciben ayuda y luego se van a sus casas a seguir su vida con sus maridos como si nada”, comentó Marlene Acosta, una mujer de 53 años, al tiempo que añadió que las únicas que pueden acabar con este tipo de irregularidades son las propias féminas.

“Si mi esposo me llegara a golpear, eso no ocurriría dos veces. Yo misma pongo fin a esa situación cortando la relación”, dijo. No obstante, reconoció que el CMC es una herramienta que puede ser útil a aquellas personas que no tienen ningún tipo de conocimientos sobre sus derechos.

“Muchas mujeres y hombres jóvenes tienen en este lugar un espacio para ser escuchados. Muchas veces, cuando uno tiene un problema, lo que más quiere es que lo oigan y lo orienten”, sentenció reflexiva.

En la oficina de Ciudad Belén, según se pudo confirmar a través de los vecinos, la mayoría de los casos atendidos y canalizados corresponden a la violencia de género.

CIUDAD CARIBIA EN LA MISMA ONDA

En Ciudad Caribia, complejo habitacional ubicado en el Distrito Capital, también existe un segundo Centro de Mediación y Convivencia de la Defensoría del Pueblo. Allí se han atendido situaciones conflictivas vecinales como ruidos molestos y disputas por la tenencia de mascotas.

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Verdaderos proyectos sociales

Urbanismos nuevos como Ciudad Belén y Ciudad Caribia han sido tomados como centros pilotos por la Gran Misión a Toda Vida Venezuela (Gmatvv) para implementar los Centros de Mediación y Convivencia (CMC), porque son los verdaderos proyectos sociales del gobierno revolucionario.

A través de un comunicado, Reinaldo Hidalgo, secretario de la Gmatvv, reveló algunos resultados de los CMC. Destacó que en Ciudad Caribia “se ha generado un modo distinto de vida por parte de los ciudadanos. Agregó que se trata de cualidades diferentes a las que tradicionalmente fueron creadas en los sectores populares, las cuales degeneraron en situaciones violentas. “Eso fue la siembra de la cultura de la violencia que ha minado a todo el territorio nacional a todos los sectores sociales por igual”, agregó.

En el mismo parte de prensa, Hidalgo señala que los CMC tienen como objetivo principal “generar en la comunidad un espíritu cooperativo, comunitario, capaz de resolver por si mismos los problemas”.

“La mediación por parte del Estado debe ser un ejercicio de educación, coordinación. El contenido de las normas rectoras de la convivencia deben provenir de la negociación entre las misma personas”, agregó Hidalgo.

El funcionario del Ministerio de Interior y Justicia agregó que los CMC vienen a fortalecer a los órganos de seguridad ciudadana.

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Tribunales municipales en 2013

Está planteado que el año que viene entre en operación un nuevo sistema de que facilitará la impartición de justicia a los sectores populares. Se trata de los tribunales municipales, anunciados por el Ministerio Público.

La creación de los tribunales municipales permitirá atender con mayor firmeza los delitos menores. Es una manera de acabar con la impunidad, destacó el presidente de la República, Hugo Chávez el pasado 20 de junio en una alocución pública.

Estas nuevas instancias están contempladas en la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, aprobada vía habilitante el pasado 12 de junio en Consejo de Ministros y que entrará en vigencia el 1º de enero de 2013.

“Los tribunales municipales serán una experiencia maravillosa en el país y facilitarán, junto a las comunidades organizadas, la aplicación de sanciones alternativas como el trabajo comunitario”, apreció el presidente Chávez en esa misma oportunidad.

Por su parte, la procuradora general de la República, Cilia Flores, aclaró recientemente que los tribunales de primera instancia municipal se conocerán sólo los delitos que tengan penas menores o hasta 8 años en su límite máximo y se llevará un procedimiento breve. En una reseña de AVN, la funcionaria fue enfática al destacar que los delitos mayores serán conocidos por los tribunales de primera instancia estadal.

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Ministerio Público tiende mano a las víctimas

“Trabajaba en un centro comercial y me vi obligada a retirarme, dada la presión de mi jefe. Cuando le reclamé mis prestaciones, entonces, me cayó a golpes. ¡Mira!, tengo este brazo fracturado”, dijo María Quiñones, en la oficina donde funciona la Unidad de Atención a la Víctima (UAV), que es una dependencia del Ministerio Público (MP) con sede en la mezanina de la torre Este de Parque Central.

Su caso fue atendido de inmediato y remitido a un fiscal del Ministerio Público, a fin de que se abriera una investigación, toda vez que en el caso específico de Quiñones hubo un delito en flagrancia (en el cual es sorprendido el victimario cometiendo el hecho).

Orienta a las víctimas de delitos y, además les asesora, apoya, informa y educa sobre sus derechos a fin de garantizar su correcta y oportuna intervención en el proceso penal, según se pudo conocer de voz de las propias personas que se encontraban en el lugar.

Además, brinda atención personalizada a las víctimas sin que sea necesaria la asistencia de un abogado. En la misma oficina están varios profesionales a disposición de las personas afectadas.

“A mi me dijeron lo que debo hacer cuando acuda al tribunal, porque me toca una audiencia, porque demandé a mi esposo por violencia de género”, dijo María (se negó a suministrar su apellido).

Esta es otra de las funciones de las UAV, luego de canalizar las denuncias, los profesionales se ocupan de asesorar a las víctimas en cuanto a sus derechos dentro del proceso penal, y su correcta forma de intervenir.

El servicio que presta la UAV es totalmente gratuito.

RADIO DE ACCIÓN EN OTROS ÁMBITOS

Maritza Rojas y su menor hijo han acudido en varias oportunidades a la UAV. Ya tiene experiencia y dice que se conoce “a la perfección el significado de muchos términos jurídicos”.

“Luego de la pelea con mi esposo y su familia, me enviaron a buscar ayuda a unos psicólogos que prestan ayuda gratuita. Aquí (en la UAV) me dijeron que ese grupo de profesionales que son estudiantes y profesores de la UCV, prestan ayuda a las personas que han sido víctimas de la violencia de género. Me contaron que ellos (los profesionales de la Psicología) me van a enseñar a ser más serena, a controlarme cada vez que lo ve (a su esposo) para que no caigamos en las peleas”, relató la joven mujer.

Este tipo de ayuda está contemplada en el área de intervención psicosocial de las UAV. El objetivo es garantizar el apoyo y orientación a las víctimas con programas implementados por el Estado y por ONG, que puedan ofrecer la asistencia requerida a personas que resultaron afectadas por un delito, a fin de evitar que sean nuevamente víctimas.

En este mismo ámbito, también las UAV actúan en graves conflictos, a fines de que los afectados puedan superar limitaciones socio-familiares y emocionales.

JUAN RAMÓN LUGO/ CIUDAD CCS
FOTO ENDER CURBELO/ NANCY CERVANTES/CIUDAD CCS

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